jueves, 5 de septiembre de 2024

Caso Carolina Andrango - ¨El abuelo¨

 






Carolina Andrango acababa de cumplir 15 años, cuando la tarde del sábado 25 de agosto de 2018, cerca de las 19H00, pidió permiso para salir con su amigo Antony para ir a comer salchipapas, al inició su madre se negó, pero su hija le dice ¨mami, confía en mí. No me va a pasar nada. Yo sé defenderme¨. Esa noche Carolina no volvió, al día siguiente su madre salió a buscarla, sin éxito, alrededor de su casa en el sector del Comité del Pueblo, al norte de Quito, en el camino miró un grupo de gente que se congregaba en un pasaje.

 

La noche del domingo 26 de agosto, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) informan a la madre de Carolina que ese día el cuerpo de su hija fue hallado abandonado, en el sitio donde se estaban reuniendo las personas.

 

En la morgue informaron a la madre de Carolina que su muerte no fue violenta, y que se debía a un edema pulmonar con posible pancreatitis aguda por la ingesta de alcohol, por considerarse que la muerte fue por causas naturales, el caso se envía a la unidad de Actuaciones Administrativas de la Fiscalía donde se tramitan las muertes no violentas, y archivado en diciembre de 2018.

 

Sin embargo, la madre empezó a hablar con sus vecinos y vecinas. Así conoció que una de ellas vecina vio a cuatro jóvenes, llevando a Carolina hasta un terreno baldío, pensando que estaba ebria grabó un video, pero al ver que la abandonaron en el terreno y que no se movía, llamó a la Policía. La madre guardó ese video que le entregó a la Fiscalía, además la hermana de Carolina ingresó a la cuenta de Facebook de la joven y encontró conversaciones con dos jóvenes.

 

Mediante Resolución No.030 de fecha 21 de enero de 2019, el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, creó la Comisión Ocasional de Violencia de Género, la cual aborda la emergencia de violencia de género declarada por este Consejo y realiza observancia a casos emblemáticos; en este contexto se recibió a la madre de Carolina, y luego del análisis respectivo recomendó a la Fiscalía General del Estado se acoja la recomendación de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Ocasional de Violencia de Género, respecto a la aplicación del Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/ feminicidio), por parte de las y los fiscales, para asegurar una correcta tipificación en el caso mencionado.

 

Así, la madre logró que la Fiscalía realice la exhumación del cadáver y se realice una auditoría médica., en la cual se ratificó que la causa de la muerte fue un edema agudo pulmonar con posible pancreatitis. Pero el médico legista descartó la intoxicación por alcohol. Se determinó que Carolina había sido violentada sexualmente, tenía desgarres en la vagina y en el ano, así como hematomas en su cuerpo y se determinó que la muerte se produjo por asfixia por sofocación, por vía nasal y vocal durante agresión sexual.

 

Así, las autoridades de turno anunciaron la reapertura del caso en marzo de ese año, anunciaron investigaciones al interior de la Policía y sancionaron dos policías.

 

Según las posteriores investigaciones realizadas, se establece que la adolescente falleció en una fiesta tras ser golpeada y violada, previamente Carolina había confesado a una amiga que quería salir del grupo que lideraba Christian G, alias "Careniña", quien le había convencido de ser su novia, le invitaba a fiestas o caídas, donde la drogaba y la prostituía entre sus clientes. Cuando la adolescente expresó que quería salir de ese círculo fue agredida y violada brutalmente, lo que provocó su muerte.

 

En marzo de ese año fueron detenidas siete personas, cuatro jóvenes y tres adolescentes, quienes participaron cambiando de ropa al cadáver de Carolina, ellas fueron sentenciadas a un año de libertad condicional asistida.

 

Según testigos, en la noche previa a la muerte de Carolina, ella estuvo en la casa de “Careniña”, al ser mayor de edad, fue procesado penalmente, cuando fue detenido tenía un dispositivo electrónico por otro delito de violación.

 

El 3 de diciembre de 2019 se realizó el primer día de juicio, se presentaron 25 testigos y peritos, fue llamado a declarar quien analizó el video que registró a los cuatro jóvenes botando el cuerpo de Carolina, en la audiencia no se pudo abrir el CD, lo que generó el cuestionamiento en redes sociales, si esa evidencia se dañó o perdió.

 

Entre los detenidos de marzo de 2019 se encontraba Phillips R. D., norteamericano de 65 años, conocido entre los adolescentes como “El Abuelo”, relacionado a una empresa petrolera. Ese año una fotografía de él junto a oficiales de la Policía se volvió viral.

 

Durante el allanamiento de la casa de “El Abuelo” fueron encontrados, según el parte policial: ocho celulares, dos cámaras fotográficas, marihuana, juguetes sexuales, una caja fuerte, “máculas de rastros biológicos” y “varios documentos y prendas vinculantes”, con imágenes de menores de posible carácter sexual; con lo que se abre un proceso por trata de menores con fines de explotación sexual.

 

Dos semanas antes del crimen Carolina había registrado en su cuenta de Facebook las fotos de su último cumpleaños, donde estaría en la que sería la casa de “El Abuelo”, ubicada en el exclusivo sector del Quito Tenis, cuando fue llamado a dar su versión dijo que no conocía a la adolescente y que como suele ayudar a chicos, ellos tenían la llave de su departamento. A finales de marzo de 2019, se difundió un video donde sale “El Abuelo” junto a cinco jóvenes que buscaban perfiles en Facebook.

 

Según la Fiscalía, “Careniña” captaba a adolescentes entre 13 y 16 años de edad para que participen en fiestas conocidas como “caídas” que organizaba en el domicilio de “El Abuelo” en estas reuniones había alcohol, y se les ordenaba tener, entre otros actos, sexo grupal, que fotografiaba y filmaba.

 

Cuando Carolina habría cumplido 16 años, su madre se conectó con la cuenta de su hija a Facebook, donde recibió mensajes amenazantes de una supuesta amiga de Carolina, quien le dijo que no sabe con quién se está metiendo y que se trata de una persona poderosa.

 

Este caso se dilató muchas veces, finalmente el 11 de marzo de 2020, un tribunal de garantías penales de la provincia de Pichincha dictó una sentencia condenatoria de veinticinco años y cuatro meses para Phillips R. D. “El Abuelo” y otros procesados, entre ellos “Careniña”, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

domingo, 1 de septiembre de 2024

Caso Guzmán Albarracín y otras vs Ecuador – Corte IDH (2020)


 

Paola del Rosario Guzmán Albarracín nació en Guayaquil en 1986, su núcleo familiar estaba compuesto por: su madre Petita; su abuela que tenía una enfermedad crónica; y su hermana Denisse de 6 años.

 

Cuando Paola tenía 12 años, asistió al colegio público "Dr. Miguel Martínez Serrano" en la ciudad de Guayaquil, al que solo asisten niñas.

 

En el 2001, cuando tenía 14 años, y cursaba el segundo año en el colegio Martínez Serrano, comenzó a tener problemas académicos y el vicerrector, de nombre Bolívar Espín le ofreció "ayuda", e incluso "promoverla de año".

 

Petita Albarracín recuerda que, en una reunión el vicerrector, Espín le dijo a su hija: ¨pero yo ya hablé contigo princesita"; la madre narró que notó cambios de comportamiento en su hija desde octubre de 2001, ¨Paola no era la misma alegre, ya no me contaba las cosas cuando llegaba del colegio¨.

 

La adolescente de 16 años era víctima de estupro por parte del vicerrector de 65 años. A pesar de que la situación era ampliamente conocida por la comunidad académica y estudiantil, no se tomaron medidas para atender el problema. Varias declaraciones señalaron que Paola no había sido la única estudiante con la que el vicerrector había tenido acercamientos de esa índole.

 

El 10 de diciembre de 2002, Paola cumplía 16 años y su familia le organizó una fiesta sorpresa. Cuando llegó a casa, no mostró alegría, lloró y abrazó a toda su familia.

 

El 11 de diciembre de 2002, la inspectora del curso de Paola envió una citación a su madre para que se presente en el colegio al día siguiente.

 

El 12 de diciembre de 2002, en la mañana, estando aún en su casa a las 10H30, Paola ingirió 11 diablillos (fósforo blanco), dejó tres cartas, (una dirigida al vicerrector) en las que expresaba no poder soportar lo que estaba sufriendo. Se vistió y se fue al colegio donde contó de lo que había pasado a algunas de sus compañeras, quienes le condujeron inmediatamente a la enfermería del colegio.

 

Una vez en la enfermería, la instaron a rezar. La madre de la adolescente fue contactada por las compañeras de su hija después del mediodía y, 30 minutos después, logró llegar a la institución educativa, donde encontró a su hija sola, tirada en una camilla, pues no le habían dado primeros auxilios, ni atención de ningún tipo, nadie llamó una ambulancia. La única ayuda que Paola Guzmán recibió del Colegio Martínez Serrano fue que se dispuso al conserje llamar un taxi para que la traslade, en estado de agonía, al Hospital Luis Vernaza, que es parte del sistema de salud pública.

 

El cuerpo de Paola no resistió y murió la madrugada del 13 de diciembre de 2002.

 

Apenas fallecida, una periodista alertó a la madre de lo que habría sucedido con su hija y el vicerrector. Las compañeras de colegio de Paola le contaron a su mamá que el 20 de noviembre de 2002, les había contado que estaba embarazada de Bolívar Espín, y mostró una prueba de embarazo, por lo que había decidido interrumpir su embarazo usando una inyección que le colocaría el médico del Colegio Martínez Serrano.

 

Según el testimonio de una amiga de Paola, el médico de la escuela condicionó su ayuda a Paola si accedía tener relaciones sexuales con él.

 

Las investigaciones revelaron que tanto el cuerpo, como la sangre, de Paola Guzmán fueron manipulados y que el proceso fue llevado de forma negligente, a pesar de la petición explícita de su madre, nunca se pudo determinar si Paola estuvo embarazada o no.

 

Petita Albarracín agotó todas las vías que estuvieron a su alcance para conseguir justicia penal, civil y administrativa en el Ecuador.

 

Procesos ante la justicia ecuatoriana

 

Proceso Penal

 

En febrero de 2003 se ordenó la detención del vicerrector; el Estado no actuó con la diligencia debida para localizarlo y someterlo a proceso.

En septiembre de 2008 se declaró prescrita la acción penal y cesaron todas las medidas en contra del vicerrector Bolívar Espín.

Proceso Civil.

 

En octubre de 2003, la madre de Paola presentó una demanda en contra del vicerrector por los daños morales sufridos a causa del suicidio de la adolescente, por lo que se condenó a Bolívar Espín al pago de una indemnización, sin embargo, en 2006 se declaró la nulidad del procedimiento.

En julio de 2012, las autoridades judiciales archivaron la causa.

Proceso administrativo

 

En 2003 y 2004 la madre de Paola informó al Ministerio de Educación, lo sucedido con su hija y solicitó sanciones al vicerrector.

En diciembre de 2004, el vicerrector fue destituido por “presunto abandono injustificado del cargo”, sin considerar el tema de Paola.

 

El 2 de octubre de 2006, luego de años de revictimización, indolencia y encubrimiento por parte del Estado ecuatoriano, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, se presentó el caso de Paola ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

La petición fue admitida el 17 de octubre de 2008 y por casi 3 años se realizaron trámites para alcanzar un acuerdo de solución amistosa.

 

·         La Comisión concluyó que Paola fue víctima de violencia sexual por parte de Espín y del médico del colegio y que esto fue un factor determinante en su suicidio. Pidió a Ecuador que realizara reparaciones materiales y morales a la familia de Paola, entre ellas la adopción de medidas de compensación económica, el apoyo psicológico a lafamilia y creara protocolos para atender este tipo de delitos; así como la reconstrucción de la memoria de Paola, ya que la prensa local se calificó el acoso y abuso sexual sistemático sufrido por Paola como "relación sentimental" y su suicidio como producto de una "decepción amorosa".

·         7 de febrero de 2019, ante la falta de cumplimiento por parte de Ecuador de las recomendaciones presentadas, la CIDH decidió elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

·         24 de junio de 2020 la Corte IDH emitió su sentencia, declarando la responsabilidad internacional de Ecuador por violaciones a los derechos de la adolescente y de sus familiares, ordenando medidas de reparación inmediatas.

·         La Corte IDH constató que las violaciones a los derechos sucedieron mediante el aprovechamiento, por parte del funcionario estatal, de la relación de poder respecto de Paola y la situación de vulnerabilidad de ella, dada su condición de niña adolescente. Paola vio lesionados sus derechos a vivir una vida libre de violencia y a la educación.

·         Esa violencia no fue aislada, sino que estuvo inserta en una situación estructural, y resultó discriminatoria en forma interseccional, viéndose la adolescente afectada por su género y edad.

·         Pese a que la violencia sexual en el ámbito educativo era un problema existente y conocido, el Estado no adoptó medidas efectivas para revertirlo, ni tampoco medidas adecuadas para abordar actos de violencia sexual en el ámbito educativo y no proveyó educación sobre derechos sexuales y reproductivos a la adolescente, lo que potenció su vulnerabilidad.

·         Al ser el primer caso de abuso sexual en un ámbito educativo tratado por la Corte IDH, su fallo es histórico, porque establece por primera vez estándares para prevenir que las niñas y adolescentes sufran la violencia sexual en entornos educativos de toda América Latina y el Caribe.

·         El hecho tiene carácter histórico por constituir, explicando que el acoso sexual es sistemático, es estructural, que está naturalizado y por lo tanto es muy difícil de detectar y asumis el riesgo y la vulneración a la que las niñas y adolescentes están expuestas.

 

La muerte de Paola Guzmán fue el detonante de una serie de denuncias que sacaron a la luz una trama de encubrimiento institucional al abuso sexual en varios colegios del país.

Si desea conocer más del caso Paola Guzmán, favor mire estos videos

 

Te lo Explico con Plastilina - Caso Paola Guzman Albarracin

https://www.youtube.com/watch?v=XDGfQ1OLWks

 

Paola Guzmán Albarracín - Lucha por los derechos de las niñas en América Latina

https://www.youtube.com/watch?v=RUICfBgce08

 

Testimonio completo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

https://www.youtube.com/watch?v=1pui6w_WPDw

 

Caso AAMPETRA: Horror del abuso sexual en el sistema educativo

 



La Academia Aeronáutica Militar Pedro Traversari (AAMPETRA), se ubica al sur de la ciudad de Quito, fundada en el año 2002, es un colegio particular que realiza formación militar y lleva el nombre en honor al primer aviador ecuatoriano.

En septiembre de 2010, José Luis Negrete Arias, de 22 años de edad, ingresó a esta institución como profesor suplente de la tutora del sexto grado ¨C´ con 41 estudiantes de entre 9 y 11 años de edad. Se presentó como un tipo “buena gente”, preocupado por sus estudiantes, y se ganó su confianza.

Negrete solicitaba a sus estudiantes que redacten su autobiografía con detalles de sus familias, trabajo de sus padres y su relación con ellos; posteriormente, falsificando documentos institucionales, realizaba visitas a los hogares de las niñas y niños para obtener más información.

El ¨sexto C¨ tenía el mismo profesor para todas las materias, excepto: Computación, Inglés y Educación Física, horas en las cuales Negrete permanecía vigilando en el aula.

Negrete inició ejerciendo violencia física, obligaba al grupo a enfrentarse a golpes o con pistolas de balines mientras dos niños vigilaban siempre por una rendija. Un día ordenó a cinco niñas que pasen al frente de la clase y se acuesten boca abajo, con las palmas de las manos extendidas, para que sus compañeros les pisen las manos y quien se negaba era golpeado. De igual manera, la niña o niño que se rehusaba a seguir sus órdenes era azotado con un cable, castigado con un palo o quemado con un mechero en zonas poco visibles de su cuerpo.

 

A finales de 2010, el falso docente solicitó a las familias que coloquen cortinas en el único ventanal del aula para proyectar videos de sus asignaturas.

Negrete les advirtió a los estudiantes que pertenecía a una pandilla, expendía drogas y que estuvo involucrado en crímenes violentos, por lo que, ¨si traicionan¨, y cuentan lo que les hace, "matará a sus familias e incendiará sus casas".

La violencia era sistemática. Forzó a las y los estudiantes a desnudarse y a recrear escenas de las películas pornográficas que veían en clase. Nombró a una alumna "su novia", ella tenía 9 años y él 23, un día le ordenó que se desnude frente a sus compañeros de clase, y le rayó el cuerpo con un marcador rojo. Poco tiempo después violó a la estudiante.

Al inicio del nuevo año escolar en septiembre de 2011, niñas y niños, Negrete seguiría siendo su profesor y continuó con su rutina de golpes dejando moretones en los cuerpos.

El domingo 16 de octubre de 2011, durante un paseo familiar a una piscina, una niña, avergonzada por los moretones, rompió en llanto y contó de los abusos a su madre. Al día siguiente habló con el rector, Luis Naranjo Paredes, quien desestimó la denuncia y afirmó que ¨si hubiera pasado se hubiesen dado cuenta".

La familia realiza una valoración médica que confirma la violación sexual y llaman a una rueda de prensa en la Academia para el 18 de octubre de 2011, sin embargo, José Luis Negrete renuncia el día anterior y huye.

Negrete escapó de la justicia por cuatro años, fue capturado cerca de la institución educativa el 17 de septiembre de 2015, en su detención se encontró una colección de películas pornográficas camufladas en estuches sobre temas educativos.

En 2016, después de un largo y traumático proceso judicial, donde la defensa del agresor buscó cuestionar el pasado de las víctimas y desacreditarlas, calificando de ¨malcriada¨ a una de las estudiantes que denunció los abusos. Finalmente, José Luis Negrete Arias fue declarado culpable de abusar y agredir a los 41 estudiantes y de violar a una estudiante. Actualmente cumple 22 años de prisión en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga

En el proceso se conoció que al menos tres estudiantes denunciaron a Negrete en el Departamento de Consejería Estudiantil de la AAMPETRA, la psicóloga reunió a los alumnos con el profesor y les preguntó qué ocurría. Frente a él, todos callaron. Así, desestimó los relatos porque correspondían a la "edad del burro". Nunca escucharon a las víctimas.

Las evaluaciones psicológicas a las y los estudiantes señalan que padecen de ansiedad y angustia, algunas víctimas sufren de estrés postraumático, depresión y pánico. Ningún niño o niña quería regresar a la escuela. La investigación periodística de Sentimos Diverso[1] detalla que “Una de los 41 pintó su cuarto de negro, uno de los 41 no quería encender la luz, una de los 41 lloraba si pasaba cerca de la escuela, varios de los 41 intentaron suicidarse”.

Si quiere conocer más del caso AAMPETRA, mire los siguientes videos.

https://www.youtube.com/watch?v=3KOYZazxvfg&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=MVq4UwrQtQc&t=143s

 

[1] http://sentimosdiverso.org/ee/violenciasexual/